Alternativa Sindical, sindicato profesional de trabajadores de seguridad privada, ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACPCM) para solicitar la nulidad de los pliegos del contrato de servicios de seguridad y vigilancia de diversas sedes y centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), dependiente de la Comunidad de Madrid.
Así nos lo ha dado a conocer el propio sindicato a través de un comunicado remitido a nuestra redacción, en el que explica sus dos argumentos para pedir la anulación de los pliegos de la licitación exponiendo parte del contenido del recurso que ha interpuesto.
Omisión de incrementos salariales
En el recurso, presentado por el abogado laboralista Roberto Mangas Moreno en representación del sindicato, se alega que los cálculos del presupuesto base del contrato solo contemplan las retribuciones fijadas en las tablas salariales del año 2025, sin tener en cuenta los incrementos pactados para los años posteriores. De hecho, para 2026 el convenio colectivo del sector de vigilancia privada establece el aumento salarial aprobado del 3%, mientras que los costes generales de servicio deberán incrementarse un 4% en base al porcentaje de gastos generales.
En esta línea, el recurso señala que, en los casos de licitación de este tipo de servicios, "los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado y en aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación del servicio".
"Concretamente, se estima que no se ajusta a la legalidad el presupuesto base de licitación dado que no se ha contemplado en el estudio económico el incremento de costes salariales que, de forma cierta, se va a producir durante la ejecución del contrato teniendo en cuenta que el contrato ordinario tendrá una duración de 12 meses más una prórroga de 48 meses adicionales".
En el comunicado, fuentes de Alternativa Sindical advierten que "estas omisiones en la previsión de ingresos podrían provocar que las empresas licitaran con gran riesgo de pérdidas a futuro, por lo que finalmente serían los trabajadores los que sufrirían el impago de sus salarios ante la falta solvencia de la empresa que resultara adjudicataria".
Problemas en los requisitos de mantenimiento, que implican riesgos de seguridad
Otro aspecto de los pliegos que ha llevado al sindicato a solicitar su nulidad es el criterio de asignar determinados puntos a las empresas que se postulen al contrato en función de su "capacidad de respuesta ante averías de sistemas pasivos", como escáneres de seguridad.
Según las fuentes de la organización sindical, este punto es problemático porque la realización de las tareas de mantenimiento de los escáneres requiere una autorización del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, de la que solo disponen las empresas que suministran este tipo de equipos, no las empresas de seguridad.
En consecuencia, las mismas fuentes explican que, en caso de avería en un escáner, un dispositivo esencial en el acceso de personas a los edificios, la empresa de seguridad adjudicataria se vería imposibilitada para repararlo directamente y solo podría subcontratar a una compañía especializada que cumpla con los requisitos legales. Sin embargo, los pliegos consideran que la subcontratación de terceros para este tipo de intervenciones no es procedente, lo cual implica, según el sindicato, "que la reparación de averías de escáneres no podrá realizarse por la empresa de seguridad adjudicataria, lo que supone varios y evidentes riesgos.
"Por un lado, para la salud de los vigilantes de seguridad que han de utilizar diariamente estos equipos, que emiten radiación y que podrían estar defectuosos; y, por otro, para la seguridad de las personas y las instalaciones al no poderse comprobar qué portan los visitantes de los edificios".
En base a las consideraciones expuestas, el abogado de Alternativa Sindical ha solicitado al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que declare la nulidad de los pliegos del contrato y, además, el expediente se deje en suspenso hasta que se emita una resolución definitiva sobre el recurso.