Un ministro no es solo alguien que representa a una parte de los ciudadanos de un país y por tanto una parte alícuota del poder. Y aunque la etimología de su cargo (ministro del latín minister, 'sirviente', 'asistente'), que a su vez se deriva de minus ('menos, menor'), sea radicalmente opuesta a la del maestro (magister compuesto por el adverbio magis cuyo significado es “más”) sus decisiones afectan a más personas y deberían estar impulsadas por más conocimiento y menos demagogia. Es el caso de la última decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha anunciado que regulará la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, incluso en los Consejos de Administración, y ha proclamado que endurecerá y encarecerá el despido de los trabajadores.
¿Qué supondrá la aplicación de estas medidas en el caso concreto de las empresas de Seguridad y Vigilancia? Su aplicación, como desarrollaremos ahora, implicará que se pongan en peligro muchos de los contratos de las grandes empresas con la Administración pública, entre los cuales también muchos afectan a estructuras críticas.
Pero antes de nada veamos las diferencias de los modelos de Vigilancia y Seguridad (Alarmas), pues estas medidas afectarán de distinta manera. Y es que mientras que en el primero de estos apartados (Vigilancia) más del 80% de su componente de costes está formado por los salarios de los vigilantes y el EBIT medio se sitúa entre el 3 y 5% de la facturación, en el de Alarmas las nóminas del personal CRA (quien da el servicio) se sitúan entre el 5 y 7% de la cuota que pagamos cada mes y el EBIT suele superar el 50% de esa misma cuota.
Tradicionalmente, y para comparar modelos de negocio similares, las grandes empresas de seguridad solían tener cuatro ramas de negocio: Vigilancia, Transportes blindados, Sistemas de Seguridad y Alarmas (residencial y pequeño negocio). Sus EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses) suelen estar (según la eficiencia de cada empresa en cada sector) entre un 3-5% en Vigilancia (intensivo en personal), 10-15% en Transportes Blindados (hoy día lo llaman Cash) o 40-70% en el sector alarmas.
Para entenderlo mejor, los tres millones de placas que vemos en las calles generan (después de dar servicio cada mes) un margen de explotación a sus empresas de más de 800.000.000€ sobre una facturación de 1.450.000.000€; margen de explotación, no beneficio, porque la captación del cliente de cada placa suele llevar una inversión que oscila entre 3 y 5 años de las cuotas de ese mismo cliente. En este modelo de negocio, en el que el personal de la CRA suele significar menos del 10% de la cuota mensual, la inflación les beneficia, porque de cada 1% de subida IPC más de la mitad va directamente a incrementar márgenes. Más aún con la ventaja de ser clientes particulares y pequeños negocios, casos en los que no hay jefes de compras que te negocien el coste del servicio.
Por el contrario, la parte más agraviada en caso de no poder traspasar la inflación a tarifas, de forma rápida más indexar la misma subida del SMI a los contratos públicos, es Vigilancia.
En octubre de 2022 las grandes Asociaciones de Vigilancia (Aproser y Asecops) llegaron a un acuerdo con los sindicatos y establecieron un lineal de subidas del 6% para 2023, 4% para 2024, 3% para 2025 y 3% para 2026.
Si tomamos como base de comparación los 1.450.000.000 € de facturación anual de cuotas alarmas, el sector Vigilancia generaría un EBIT de 58.000.000€ frente a los 800.000.000€ del sector alarmas. Para muestra un botón, Prosegur Security (Vigilancia) tuvo que facturar 1.652.000.000€ para dar un escaso 45.000.000€ de EBITA y mostrarse muy orgullosos por conseguir en los primeros 9 meses del 23 un 25% más que en los mismos meses del 22. 45.000.000€ de EBITA, y una vez amortizado cliente, lo consigues con solo 125.000 clientes en un país que tiene más de tres millones.
Si encima le añadimos coste de reducción de jornada laboral, otra medida anunciada por Díaz, un 6,2% de las horas, en el sector alarmas, por el poco peso de personas en su modelo negocio (equipos, tecnología y marketing son partidas enormes), su imputación directa no llegaría al 1% mientras que en vigilancia implica más de un 5,25%.
En contratación privada se suelen indexar estas subidas de los costes de manera rápida y eficiente. El problema es la Administración, y es un problema de orden estratégico que las grandes, y por tanto con más recursos, empresas de seguridad españolas huyan de los contratos con la Administración, más aún en momentos en los que la protección de nuestras estructuras vitales es más necesario que nunca ante la inestabilidad que nos rodea.
Ya se sabe que la riqueza se reparte y la pobreza se comparte. El estar a favor de ganar poder adquisitivo para el trabajador no puede ir en contra de compartir razón de Estado.