Este martes, 4 de julio, ha arrancado el juicio contra Miguel Ángel Ramírez en una causa por fraude fiscal que se remonta a hace más de diez años y en la que está acusado de haber defraudado 36,6 millones de euros a las arcas públicas. El empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas desde el 2005, afronta en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas un caso por el que la Fiscalía le imputa cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, ocho cargos por los que solicita que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y al pago de una multa que asciende hasta los 105 millones de euros.
Ramírez habría cometido estos delitos entre los años 2009 y 2017 a través de Seguridad Integral Canaria (SIC), empresa que él mismo fundó en 1995 y en la que ejerció de presidente, extinta desde el 2019. Un año antes, se la vendió íntegramente al que fuera su administrador, Héctor de Armas, quien también se sienta en el banquillo estando acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública y otros dos contra la Seguridad Social por los que se enfrenta a 14 años de prisión y a 79,32 millones de euros de multa.
Durante el juicio, que tiene previstas otras 8 sesiones (para los días 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de julio), las cuatro acusaciones del caso –la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que inició la causa interponiendo una denuncia– tratarán de demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con la excusa de superar la crisis de 2008. Así lo señaló EFE hace unos días apostillando que las cuatro acusaciones sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores".
Las defensas han pedido la nulidad de la mayor parte de la causa
En la primera jornada de la vista oral los abogados de los dos procesados han pedido la nulidad de la mayor parte de la causa alegando que está contaminada por la intervención en la instrucción de Salvador Alba, quien perdió su condición de juez y desde el 18 de octubre de 2022 cumple una pena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. De acuerdo con la sentencia que lo condenó, recogida por elDiario.es, Alba manipuló el procedimiento contra Ramírez con el propósito de terminar con la carrera política y profesional de la magistrada a la que sustituyó, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La conspiración fue destapada por el propio Miguel Ángel Ramírez al entregar a la Justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos.
El abogado del empresario y presidente de la UD Las Palmas, el afamado penalista José Antonio Choclán, ha afirmado que Aba accedió al procedimiento el 3 de noviembre de 2015 con un fin "desviado" y que ese mismo día llamó a declarar a los acusados, "sin haber mirado un papel" y sin explicar los motivos de la citación. Además, ha señalado que el exmagistrado decidió ampliar la querella inicial sin que existiese una resolución formal que lo estableciera. Con esta decisión, el objeto de la investigación dejó de estar limitado los ejercicios 2008 y 2009 para extenderse al periodo comprendido entre 2009 y 2013. Así, Ramírez pasó a estar imputado por siete nuevos delitos y, según su abogado, Alba también incurrió en el error de no notificárselo cuando le tomó declaración. Por todo ello, el letrado sostiene que la causa debe quedar circunscrita a lo sucedido en 2009, ya que los hechos de 2008 prescribieron, apunta elDiario.es.
Según Canarias7, Choclán también ha cuestionado el proceder de los técnicos de la Agencia Tributaria y de los inspectores de la Seguridad Social. De los primeros, ha declarado que "un procedimiento penal no puede tener una naturaleza prospectiva sin existir datos que permitieran entender que existía la posibilidad de delito", mientras que de los segundos ha denunciado un "arbitrario" proceder, además de una imputación "tardía" de algunos delitos cuando había concluido el plazo de instrucción.
En cuanto a la defensa de Héctor de Armas, Europa Press indica que ha presentado los informes médicos de su defendido y se ha adherido a lo expuesto por Choclán en materia de nulidad por la indefensión de los acusados.
La Fiscalía rechaza la petición de nulidad y reivindica que la "imputación es genérica"
Siguiendo la información del diario canario y de la agencia de noticias, la Fiscalía ha justificado la ausencia de una notificación de la ampliación de los años que se investigaban porque desde el primer momento abarcaban todos los ejercicios, puesto que "la imputación es genérica".
La fiscal, Evangelina Ríos, ha argumentado que la denuncia que dio origen a este procedimiento partió del sindicato USO en marzo de 2013 "porque era cuando habían terminado los ejercicios contables 2010, 2011 y 2012. Por ese motivo, la Fiscalía puso los hechos en conocimiento de la Agencia Tributaria y el informe que hizo a este respecto concluyó que existían elementos suficientes para entender que había delitos contra la Hacienda Pública". Por ello, dio el paso de judicializar el asunto para evitar que los supuestos hechos de 2008 prescribieran y entendiendo que los delitos investigados entraban dentro del objeto de la causa. En este sentido, también ha criticado que las defensas hayan "jugado" a la confusión esgrimiendo que los años investigados se ampliaron sin datos.
Respecto a la petición de nulidad de la actuación de Alba por parte de las defensas, la representante de la Fiscalía ha asegurado que no se dan las circunstancias para proceder a la misma y ha recordado que se trata de una solicitud que las defensas ya han hecho en varias ocasiones y que en todas han sido rechazadas.
"El señor Alba hizo una serie de actuaciones movido por otro interés, alega la defensa, pero no lo detalla y creo que es eso lo que le lleva a pedir la nulidad. Tiene que concurrir un interés en el que el magistrado saque beneficio propio o de allegados y ni lo uno ni lo otro no se ha acreditado", ha manifestado.
Según la fiscal Ríos, la defensa "pretende anular la causa sin decir cuál de los motivos concurre" y "es difícil contestar en debida forma" porque "la indeterminación provoca indefensión de las partes".
En esta misma línea se han pronunciado el resto de las acusaciones, es decir, la representación de la Abogacía del Estado, de la Seguridad Social y la acusación particular, que ejerce el sindicato USO.
La Sala, presidida por el juez Miguel ángel Parramón, ha acordado resolver en la sentencia toda esta serie de cuestiones.
Extrabajadores de Seguridad Integral Canaria, también presentes en el juicio
Europa Press aporta más detalles de la primera sesión del juicio al recoger los testimonios de cinco extrabajadores de Seguridad Integral Canaria que han acudido al Juzgado a declarar. Según han relatado entre todos ellos, las horas extras no tenían límite y se tenían que hacer por obligación, pero se retribuían a la baja al pagarse aplicando otros conceptos como dietas. Uno de ellos ha incidido en que "siempre faltaba dinero" en las nóminas y otro ha resaltado el "trato nefasto" que recibía por parte de la empresa comparándolo incluso con el de "la época nazi".
Cómo se cometió el presunto fraude fiscal
El sumario del caso recoge muchos otros testimonios de personas que trabajaron para Seguridad Integral Canaria y aseguran que era habitual que las horas extra se abonaran como dietas y que se suprimieran cualquier plus o complemento recogido en los convenios, informa El Confidencial tras haber tenido acceso al sumario del caso.
"El escrito de acusación de la fiscal del caso, Evangelina Ríos, comprime casi 10.000 folios de diligencias y, de una forma estructurada, describe las presuntas irregularidades cometidas por Ramírez y su mano derecha, Héctor de Armas Torrent, a quien la investigación dibuja como un 'hombre de paja' que se puso al frente de la mercantil cuando la inhabilitación de su jefe hizo peligrar la concurrencia en concursos públicos", apunta el citado diario.
Según EFE, la fiscal pone el foco en las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial (el grueso de los gastos en su negocio) y conseguir así adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy bajos (motivo por el que Miguel Ángel Ramírez fue apodado como 'el rey de la seguridad low cost') y muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaban el convenio sectorial.
La primera de esas maniobras que detalla Evangelina Ríos fue "camuflar" las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, "por una razón obvia": el pago de las dietas eximía a la compañía de tener que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la seguridad social. Por esa vía, la fiscal estima que Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social.
EFE también precisa que el resto de cantidades presuntamente defraudades al erario público por ambos procesados provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral Canaria aplicaba a su plantilla tras "descolgarse" del convenio nacional del sector de la seguridad privada.
En este sentido, la agencia recuerda que los dos acuerdos de SIC terminaron siendo anulados por el Tribunal Supremo en sentencias que establecían que la compañía debería haber pagado a sus trabajadores conforme al convenio del sector desde 1 de marzo de 2012.
Según la Fiscalía, al no aplicar el convenio del sector, Seguridad Integral Canaria mantuvo en una "situación de precariedad a sus trabajadores" que le permitió no abonar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que tampoco tributó.
USO reclama condenas mayores que las de la Fiscalía
Frente a la pena de 21 años y medio de cárcel y al pago de una multa de 105 millones de euros que solicita la Fiscalía para Ramírez, USO, el sindicato que inició la causa con su denuncia, reclama para el empresario una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa por el supuesto fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de Seguridad Integral Canaria.
Lo mismo ocurre en el caso de Héctor de Armas, para quien el Ministerio Público solicita una condena de 14 años de cárcel y una multa de 79,32 millones de euros, mientras que USO eleva su petición a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, Basilio Febles, y su homólogo en las islas, Juan Díaz, informaron sobre ello una rueda de prensa ofrecida el pasado jueves. Según reconoció Febles, para USO ha sido un proceso "bastante duro", en el que se han encontrado solos en muchas ocasiones, sobre todo el principio, cuando "los políticos y la prensa no les hacían caso".
Representantes de USO así como de Comités para la Unidad Obrera (UCO) se han concentrado este martes ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas coincidiendo con la primera vista oral contra Ramírez y de Armas. Allí, el secretario general de USO en Canarias ha subrayado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, que Seguridad Integral Canaria ha sido una de las compañías "más importantes" a nivel nacional, que ha llegado a tener "5.000 trabajadores". Además, ha recalcado que en esta causa se llevan "años acumulando" expedientes e informes y que "por fin ha llegado el momento" de que la justicia se pronuncie tras más de una década en la que ha habido un "intento claro de dilatar el juicio".
Por último, cabe recordar que en 2011 Miguel Ángel Ramírez ya fue condenado a tres años de prisión por la Audiencia Nacional por un delito contra la ordenación del territorio en la finca de su vivienda, situada en el paraje de Pino Santo (Gran Canaria), pero nunca llegó a cumplir esta pena gracias a un indulto concedido en octubre de 2013 por el Partido Popular.