TMB Transports Metropolitans de Barcelona anunció la pasada semana la apertura del concurso público de vigilancia del suburbano, que lleva un presupuesto de 143,6 millones de euros para cuatro años más la prórroga.
Este concurso está dividido en ocho lotes, incluyendo uno dedicado al Centro de Control y otro a las unidades caninas, así como las llamadas MAVs o unidades móviles.
Se trata de un concurso similar a la adjudicación de noviembre 2020, que se la repartieron Prosegur Vigilancia (líneas 1, 2, 3, 9 y 10) y Securitas (líneas 4-5-11 Centro Control y Móviles) y del que quedaron fuera a Eulen y a Ombuds (esta última quebró con un agujero de 231,7 millones de euros).
Tras estos cuatro años de servicio, los sindicatos acusan a ambas empresas de “mercantilistas” por presentarse solo a concursos con márgenes –de posibles beneficios- elevados, y a ambas empresas y a la administración de “poner en peligro la seguridad” “porque los pliegos de contratación no contemplan "aumentos de personal importante".
Los vigilantes de ambas empresas han denunciado agresiones e incidentes continuos, solicitando de forma reiterada más medios materiales y humanos.
Ya en 2018, ni Securitas ni Prosegur pujaron por Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, ni se presentaron al concurso público con el que AENA adjudicaba el servicio de seguridad en sus aeropuertos. La razón era muy sencilla: no les salían los números, el negocio no es rentable. En el concurso de 2023 parece ser que tampoco, ya que Trablisa resultó la mayor adjudicataria, así como sucedió en el siguiente macro contrato (RENFE).
La renuncia de grandes empresas de seguridad a macro contratos de diversas administraciones ha motivado la preocupación de los sindicatos. En el caso de UGT, piden que además del valor económico, en el proceso de contratación se debería incluir un filtro de calidad empresarial que permita competir “en base a criterios de calidad, solvencia y responsabilidad social”.